Cuánto dura un trámite ambiental en España

Si has llegado hasta aquí tras el título de este artículo es porque seguramente estés pendiente de un permiso o una tramitación ambiental y tienes cierta sensación de urgencia. La pregunta es tan sencilla como compleja la respuesta. Los trámites son trámites y hay que saber que todo este tipo de autorizaciones suele dilatarse en el tiempo. La realidad es que la duración de un trámite ambiental en España depende del permiso en sí que se esté tramitando. En Congeo vamos a intentar aportarte algo de luz sobre esta temática.

Es posible que en alguna ocasión te hayas dispuesto a hacer un trabajo y cuando te pones a estimar las horas que te va a llevar realizar la tarea te quedes corto. ¿Te ha pasado? Suele ocurrir hasta que aprendemos a corregir esa estimación. Con los trámites ambientales suele suceder exactamente lo mismo. Por eso es importante conocer bien el proceso para hacer un esquema lo más realista posible.

 

«En un escenario post Covid-19 es imprescindible maximizar el valor y la eficiencia de los procesos»

 

Deja de buscar culpables tales como los encargados de emitir los informes o la documentación poco rigurosa. Las exigencias quizá sean demasiado recientes y puede que haya que revisar bien la legislación para evitar su desconocimiento. Esto puede dificultar la tramitación. Hay que facilitar información adecuada y detallada. Los estudios han de ser muy rigurosos, acordes a la fase en que se encuentre el expediente.

En un escenario post Covid-19 es imprescindible maximizar el valor y la eficiencia de los procesos. Ello incluye, por un lado, evitar barreras innecesarias que no aportan valor real a la protección del medio ambiente, y por otro, realizar estudios rigurosos, rompiendo el esquema tradicional de minimizar costes.

 

¿Qué factores pueden influir durante el tiempo que tardan las tramitaciones?

Por parte del promotor. El principal fallo es que el estudio sea insuficiente. Es decir, que contenga información pobre y no esencial, carente de extensión en lo más importante o prioritario. Es fundamental otorgar la importancia debida a qué información necesita la Administración Pública para la evaluación y la toma de decisiones. También hay que ser exigentes en la calidad de esa información –número de muestras, frecuencia de toma, parámetros relevantes, etc–. Por ejemplo, la revisión y chequeo experto de los resultados recibidos del laboratorio es algo que no todo el mundo realiza.

Por parte del legislador. En este apartado el factor que suele ser más decisivo es la duplicidad normativa (nacional, autonómica, etc). Los permisos y trámites pueden tener recorridos muy distintos en función de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos. Así por ejemplo, Asturias, Ceuta y Melilla siguen contando con el RAMINP (Reglamento de actividades molestas insalubres nocivas y peligrosas), aprobado por Decreto 2414/1961, aunque se está avanzando con una legislación propia para derogarlo. El RAMINP, que entra en juego en las licencias de actividad para aquellas actividades que ya han pasado un trámite de evaluación de impacto ambiental, puede aportar poco más y consume tiempo y recursos, tanto al promotor como a la propia Administración Pública.

Por parte de la Administración Pública. Finalmente, en la propia Administración Pública lo que suele dar más problemas es la falta de personal o la asignación ineficiente de los mismos debido a la duplicidad de normativas y procedimientos. Hay un déficit en los programas de formación de los recursos humanos en áreas especializadas o en apoyos técnicos por especialistas. Además, la Administración se muestra muy rigurosa en aspectos que no son determinantes, como por ejemplo el requerimiento de visados en proyectos para los que la normativa no los pide o la exigencia de planos de detalle en aspectos que no redundan en la protección del medio ambiente o de las personas y podrían ser aportados a posteriori en la fase de obra.

 

«El Proyecto de Ley de Calidad Ambiental pretende regular la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental, la autorización ambiental integrada, la autorización ambiental autonómica y la licencia o comunicación ambiental municipal»

 

Respecto a esto último, el Principado de Asturias ya ha asegurado que sustituirá el RAMINP y creará nuevas licencias y autorizaciones ambientales. El acuerdo, firmado el 16 de enero de 2020, se compone de 38 proyectos de ley, entre ellos está previsto tramitar en 2020 el Proyecto de Ley de Calidad Ambiental.

Con esta nueva ley se prevé desarrollar el régimen de intervención administrativa en las actividades, instalaciones, proyectos, planes y programas susceptibles de ocasionar afecciones ambientales. La idea es regular la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental, la autorización ambiental integrada, la autorización ambiental autonómica y la licencia o comunicación ambiental municipal.

Además, entre las novedades que trae esta norma se encuentra la autorización ambiental autonómica, que sirve para aglutinar en un único acto administrativo las autorizaciones de competencia autonómica exigidas hasta ahora por las leyes estatales (actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, las de vertido de la tierra al mar o las de gestión de residuos).

Sin lugar a dudas, es un tema que preocupa mucho al sector empresarial, pues la duración de los trámites y la demora en la concreción de proyectos se han convertido en una traba importante a la hora de iniciar una inversión económica. Desde Congeo recomendamos analizar bien los factores que influyen en la tramitación de permisos ambientales y entregar de la forma más detallada posible los estudios y la documentación necesaria para desbloquear los trámites. ¿Necesitas que te asesoremos? ¡Estás en buenas manos!

 

 

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